La iniciativa busca favorecer a aquellas personas que incurrieron en mora
en sumas iguales o inferiores a los $10.000 y no pudieron cancelarlas. Uno de
los objetivos que persigue es “resetear” el sistema que se encuentra desbordado.
Críticas y puntos débiles.
La iniciativa que presentó el diputado del Frente para la Victoria Rubén
Yazbek propone la recuperación del crédito a través de la eliminación del
asiento negativo, para quienes hayan regularizado o cancelado sus deudas, o
extinguido la obligación que diera origen al informe impeditivo del
crédito.
La titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont fue invitada por las
comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas de la Cámara baja a debatir
este proyecto.
También concurrirán al encuentro que se realizará de manera inminente el
presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República
Argentina (ABAPPRA), Juan Carlos Fábrega y representantes de la Subsecretaría de
Defensa al Consumidor y de la Cámara Argentina de Comercio.
La iniciativa tiene aceptación del Gobierno y goza de consenso entre los
integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ocurre que su sanción
será necesaria para cumplir con uno de los requisitos del plan de viviendas que
anunció la Presidenta ya que para aplicar a los mismos es necesario presentar
informes de deuda de los interesados.
Y, según explicó Yazbek, la ley actual establece que, habiendo cumplido con
sus compromisos, aun así la persona es mantenida en condición irregular por dos
años.
Para FacundoMalaureille Peltzer, abogado especialista en datos personales y
seguridad de la información, justificar este proyecto con la frase “recuperación
del crédito mediante la eliminación de datos crediticios adversos” suena muy
lindo desde lo político y social, sin embargo
es desconocer cómo
funciona por parte de las entidades financieras el otorgamiento de
créditos.
“Si esta modificación a la ley triunfa
, se perjudicará a los sujetos
a los que supuestamente se quiere beneficiar”, agregó Malaureille
Peltzer.
El abogado explicó que desde la antigüedad el principio del préstamo se basa
en la información: a mayor información más masa crediticia y con mejores
condiciones.
Sin información variada, amplia y de largo plazo, continuó el abogado, las
entidades retraen su masa crediticia, y la que dejan para prestar la hacen con
condiciones menos favorables para el sujeto al que supuestamente protege este
proyecto de ley.
“Cuando las
entidades no conocen a ciencia cierta el posible
comportamiento del deudor, no le darán condiciones favorables, al
contrario, las tasas de interés serán más elevadas, los plazos más cortos, y el
monto mucho menor”, sostuvo el especialista.
En ese sentido, Roberto Mónaco, presidente de Fidelitas SA explicó que en el
mundo se transparentan los datos de cumplimientos e incumplimientos y se premia
a quien honra en tiempo y forma sus compromisos, motivo por el cual con el solo
DNI se otorgan créditos por su historial de pagos. “No entender esto es
desconocer la realidad”, enfatizó.
¿Por qué se pretenden “borrar” los datos de los ciudadanos morosos cuando
finalmente abonan sus compromisos luego de mucho esfuerzo del acreedor? ¿Es
verdad que son muertos civiles?
Para Mónaco este argumento mentiroso no
tiene ningún respaldo técnico, es simplemente una mentira de los opinólogos del
tema.
“La verdad es que
según el BCRA, a marzo 2012, el 97,6 % de los
ciudadanos pagan normalmente sus compromisos. También es verdad que hay
errores y si no se rectifican en tiempo y forma se paga el perjuicio real, no el
inventado”, agregó.
¿Por qué pretenden borrar los montos menores de $10.000 cuando un deudor
moroso pague finalmente su compromiso?; ¿cuánto tiempo pasa para que una persona
sea considerada morosa en Argentina?¿ No son 90, 120 o 180 días razonables para
reclamar una deuda y no tener respuesta? Son los interrogantes que se hizo
Mónaco.
Y a continuación agregó: ¿En qué mercado -formal o informal- obtiene un
pequeño préstamo el ciudadano de menores ingresos o que trabaja en el mercado
informal?
Obviamente –respondió- que no pueden acceder al mercado
financiero formal -público o privado- y mucho menos si no se disponen datos de
su cumplimiento o si los mismos se borran.
“No se puede tapar el sol con las manos ni obligar a prestar a nadie
que no cubra su riesgo, sin datos aumenta el riesgo y por ende la tasa
y esto afecta directamente al más humilde”, explicó Mónaco.
¿En quién está pensando el legislador? Se preguntó Mónaco: colocar en el
registro de una persona que sus datos -los de incumplimiento, es decir los
morosos- han sido borrados en aplicación de la Ley XX:XXX ,le abrirá o le
cerrará las puertas del crédito a la gente común? La respuesta es obvia,
enfatizó el presidente de Fidelitas.
Malaurielle Peltzer coincide con Mónaco
en destacar que en este
caso la actuación del legislador es totalmente
reprochable.
Detalles de las Modificaciones Punto por Punto
El proyecto pretende modificar el artículo 26, inciso 4, con la incorporación
a la actual redacción de la frase “por información adversa”, así como “deberá
eliminarse el registro de morosidad que produzca afectación del crédito cuando
el deudor regularice su mora, cancele o de otro modo extinga la obligación, de
acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la presente Ley”.
Para Malaurielle Peltzer, a primera vista se advierte que la iniciativa
incorpora muchas palabras sobre las que no existe coincidencia terminológica, y
la conclusión va a ser que en vez de solucionar los casos, los va a complicar
mucho más.
“Sería prudente que se sumaran en el articulo 2º como definiciones algunas de
las palabras que el proyecto incorpora”, agregó.
En relación a la propuesta del artículo 31sobre sanciones administrativas,
sostiene que “el organismo de control podrá aplicar las sanciones de
apercibimiento, suspensión, multa de $10.000 a $5.000.000, clausura o
cancelación del archivo, registro o banco de datos, las que deberán graduarse en
relación a la gravedad y extensión de la violación y de los perjuicios derivados
de la infracción, garantizando el principio del debido proceso”.
“Las sumas pensadas, son coherentes con las últimas modificaciones de
regímenes similares -defensa del consumidor- y quizás ayudan al efectivo
cumplimiento de la normativa”, explicó el abogado.
Fuente: ABOGADOS.COM.AR
